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Last updateLun, 03 Abr 2017 8pm

Con 21 indagatorias, la Justicia busca cerrar el círculo de lavado de dinero entre los Kirchner, Báez y López

Comienzan las indagatorias en la causa Los Sauces SA, la inmobiliaria que Cristina Kirchner tiene junto a sus hijos Máximo y Florencia. Serán 21 personas que, en función de los diferentes roles asumidos, deberán explicar ante el juez Claudio Bonadio un complejo entramado de relaciones comerciales, financieras y económicas sospechadas de lavado de dinero, pago de coimas, falsificación de documentos públicos y negocios incompatibles con la función pública.

La Justicia busca cerrar en esta primera parte, el “enjambre societario” que permitió el manejo de sumas millonarias de dinero en una contabilidad “poco transparente y con poca documentación respaldatoria”, según sostienen en la Justicia. Las indagatorias arrancan hoy y concluirán el 7 de marzo con la presencia de la ex Presidenta, la accionista mayoritaria de la empresa que tuvo como principales clientes a Cristóbal López y a Lázaro Báez.

Los Sauces SA se constituyó en 2006. Durante tres años no registró actividades ni ingresos económicos. En 2009, sin embargo, realizó un desembolso de $ 9.625.758 para adquirir inmuebles. Ese mismo año declaró una deuda de $ 3 millones con Loscalzo y Del Curto, una constructora del Grupo Báez. La Justicia investigó en una primera instancia estos números, considerando sospechoso que una empresa inactiva logre realizar inversiones en inmuebles que, para 2012, superaban los $ 10 millones. Desde entonces la sociedad de los Kirchner tuvo acuerdos comerciales, casi con exclusividad, con Báez y López.

La causa comenzó investigando -después de la denuncia de Margarita Stolbizer- la presunta falsificación de documentos públicos por las irregularidades observadas en algunas propiedades de Los Sauces SA, entre ellas el chalet donde reside la ex Presidenta en Río Gallegos, que se inscribió con una fecha que no se condice con la compra. Los valores también son investigados: fue comprada por 200.000 pesos y vendida a Los Sauces SA por 250.000 dólares.

Con el avance de la investigación el fiscal Carlos Rívolo y el juez ampliaron las imputaciones contra Cristina Kirchner por lavado de dinero, en referencia a dicha operación. Se incluirá en este punto, la compra del departamento donde vive Florencia Kirchner. Fue adquirido con CEDINES por U$S 370.000.

No son los únicos delitos que se investigan. La Justicia sospecha del pago de coimas por las “múltiples relaciones comerciales y/o financieras y/o laborales “entre la familia Kirchner -dueña de “Los Sauces S.A.”- y empresas del grupo de Báez, de “Indalo” y del grupo de Osvaldo Sanfelice”, indicó Bonadio cuando en diciembre intervino por seis meses la inmobiliaria.

El informe pericial finalizado en enero confirmó las primeras sospechas. Que los empresarios que ganaron obra pública y en el caso de López pauta publicitaria y negocios con el juego, "fueron los inquilinos principales de Los Sauces SA", según señalaron a Clarín fuentes de la causa. El 86 % de la facturación de la inmobiliaria fue generada por los contratos firmados con los empresarios K. Esto representó desde 2009 a 2015, un ingreso de $ 25 millones para los Kirchner.

A raíz de esta relación comercial -que en el caso de Báez incluyó la construcción de dos edificios para Los Sauces SA que después alquiló- se hizo eje en la causa en el delito de “negocios incompatibles con la función pública”, ya que Cristina Kirchner durante todo ese período, “ocupó la presidencia de la Nación y dos empresarios amigos eran beneficiados con negocios del Estado y tenían negocios con empresas de la familia”, explicaron fuentes judiciales.

Con este escenario que Bonadio calificó como “un enjambre societario” comenzarán hoy las indagatorias a Oscar Leiva, Lisandro Donaire y Alejandra Jamieson quienes eran apoderados de dos empresas de Báez.

Por el despacho del juez pasarán escribanos, apoderados de empresas, contadores, el propio Báez y tres de sus hijos, López, Sanfelice, la ex presidenta y sus dos hijos, Máimo y Florencia.

Según fuentes judiciales, no se descartaría una segunda instancia de indagatorias que involucraría a las autoridades del Banco Santa Cruz y del Banco Nación sucursal de Río Gallegos.


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